Con 269 votos a favor, 225 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados no aprobó la Reforma Electoral.
El dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución, en materia electoral no alcanzó la mayoría calificada. Se desecha el proyecto.
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada con 267 votos a favor el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral que, entre otros aspectos, prevé la compactación de estructuras administrativas y la eliminación de fideicomisos del INE, con una reducción de 3 mil 605 millones de pesos al organismo electoral.
Avalado por Morena y sus aliados después de que el bloque opositor se retiró del salón de sesiones, el proyecto turnado al Senado considera asimismo la desaparición de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encargado de resolver los procedimientos especiales sancionadores por violaciones a la aplicación imparcial de recursos públicos y actos anticipados de campaña.
Tras ser desechada la reforma constitucional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzar la mayoría calificada de dos terceras partes, la bancada morenista cedió a las pretensiones de sus aliados y admitió la reincorporación de la figura de candidaturas comunes a la ley, con lo cual los partidos deberán celebrar convenios de distribución de los votos emitidos, actualmente impedido por el marco legal.
A petición de verdes y petistas, las reformas prevén igualmente que los partidos políticos que no obtengan al menos tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
Ello, con la salvedad de que hayan conservado el registro como partido local, obteniendo al menos tres por ciento de la votación válida emitida en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente.
Contra los lineamientos y criterios aplicados hasta hoy por el INE y el TEPJF, la propuesta presidencial señala que “no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas”.
Advierte, además, que será objeto de sanción a los partidos políticos la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las personas, a los partidos políticos o a los gobiernos emanados de estos.
